Agencias
Luis Guillermo Pérez,un abogado de los agraviados lamentó que no existan garantías en el proceso que se lleva contra el ex mandatario, acusado de concierto para delinquir y desacreditar a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Las víctimas de las escuchas ilegales (chuzadas) en Colombia anunciaron este jueves que estudian pedir la anulación de la versión libre del ex presidente Álvaro Uribe y lamentaron no poder interpelarlo durante la audiencia celebrada en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
“No hay garantías (en el proceso). Vamos a analizar la posibilidad de la nulidad de la versión libre (de Uribe)”, indicó el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez.
Pérez, también abogado de la ex senadora Piedad Córdoba y de una ONG demandante por interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), detalló que van a “esperar primero el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, y recordó que el caso de Uribe se ha presentado “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Agregó que, de todos modos, seguirán trabajando ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante la CIDH para que “allí, en audiencias públicas se siga cuestionando cómo se actúa en esta Comisión desconociendo no solamente los derechos de las víctimas, sino los derechos de la sociedad colombiana”.
La Comisión de la Cámara de Representantes investiga la trama de escuchas y seguimientos ilegales que afectaron a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).
El ex presidente está acusado de concierto para delinquir y desacreditar también a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones, cargos que negó durante la audiencia.
Por su lado, el congresista Iván Cepeda, otra de las víctimas, señaló que tras la comparecencia de Uribe quedó claro que las acciones del DAS buscaban la destrucción física de los opositores.
“Se entiende perfectamente por qué encabezó desde el más alto Gobierno la operación del DAS no solamente para arruinar moralmente a las personas que ejercían oposición en su Gobierno, sino también para fraguar la destrucción física de muchas de esas personas”, detalló Cepeda.
Durante su comparecencia Uribe criticó las entrevistas de Cepeda con paramilitares encarcelados, a lo que el congresista respondió que “le teme a qué puedan decir estas personas que en algunos momentos cumplieron de cómplices de sectores que fueron sus aliados”.
Y agregó que “no hay que olvidar que el (ex)presidente tuvo relaciones directas con personas que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
Entre tanto, Sandra Rocío Gamboa, abogada de los hermanos Juan Pablo y Holman Morris, lamentó el escenario donde Uribe “se despachó contra las víctimas y generó una nueva vulneración de los derechos” de éstas.
Añadió que el exgobernante “se levantó cuando quiso, contestó lo que quiso”.
Mientras, Yahir Acuña, el congresista que encabezó la audiencia, desestimó la posibilidad anular la versión libre del exmandatario.
“El derecho es el que va a determinar, pero la audiencia fue llevada en derecho y no creo que vaya a tener ningún inconveniente”, sostuvo ante los periodistas el parlamentario investigador.
Explicó que, según la jurisprudencia actual, es imposible que las víctimas puedan intervenir en la audiencia y “mucho menos en la indagatoria”.
“Eso solamente podrían hacerlo en el juicio”, zanjó el ponente.
“No hay garantías (en el proceso). Vamos a analizar la posibilidad de la nulidad de la versión libre (de Uribe)”, indicó el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez.
Pérez, también abogado de la ex senadora Piedad Córdoba y de una ONG demandante por interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), detalló que van a “esperar primero el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, y recordó que el caso de Uribe se ha presentado “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Agregó que, de todos modos, seguirán trabajando ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante la CIDH para que “allí, en audiencias públicas se siga cuestionando cómo se actúa en esta Comisión desconociendo no solamente los derechos de las víctimas, sino los derechos de la sociedad colombiana”.
La Comisión de la Cámara de Representantes investiga la trama de escuchas y seguimientos ilegales que afectaron a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).
El ex presidente está acusado de concierto para delinquir y desacreditar también a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones, cargos que negó durante la audiencia.
Por su lado, el congresista Iván Cepeda, otra de las víctimas, señaló que tras la comparecencia de Uribe quedó claro que las acciones del DAS buscaban la destrucción física de los opositores.
“Se entiende perfectamente por qué encabezó desde el más alto Gobierno la operación del DAS no solamente para arruinar moralmente a las personas que ejercían oposición en su Gobierno, sino también para fraguar la destrucción física de muchas de esas personas”, detalló Cepeda.
Durante su comparecencia Uribe criticó las entrevistas de Cepeda con paramilitares encarcelados, a lo que el congresista respondió que “le teme a qué puedan decir estas personas que en algunos momentos cumplieron de cómplices de sectores que fueron sus aliados”.
Y agregó que “no hay que olvidar que el (ex)presidente tuvo relaciones directas con personas que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
Entre tanto, Sandra Rocío Gamboa, abogada de los hermanos Juan Pablo y Holman Morris, lamentó el escenario donde Uribe “se despachó contra las víctimas y generó una nueva vulneración de los derechos” de éstas.
Añadió que el exgobernante “se levantó cuando quiso, contestó lo que quiso”.
Mientras, Yahir Acuña, el congresista que encabezó la audiencia, desestimó la posibilidad anular la versión libre del exmandatario.
“El derecho es el que va a determinar, pero la audiencia fue llevada en derecho y no creo que vaya a tener ningún inconveniente”, sostuvo ante los periodistas el parlamentario investigador.
Explicó que, según la jurisprudencia actual, es imposible que las víctimas puedan intervenir en la audiencia y “mucho menos en la indagatoria”.
“Eso solamente podrían hacerlo en el juicio”, zanjó el ponente.
LRDS
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