TERRATENIENTES Y AGROINDUSTRIALES ASESINAN A INDÍGENAS, SINDICALISTAS Y ECOLOGISTAS EN BRASIL, GUATEMALA, HONDURAS, COLOMBIA
En 2010 fueron asesinados al menos 93 sindicalistas en todo el mundo, y América se consolidó como la región más mortífera para dirigentes sociales y defensores de la naturaleza, revela la Confederación Sindical Internacional (CSI). Entre los represores, destacaron por su brutalidad los terratenientes y los empresarios vinculados al agronegocio.
El capitalismo en crisis elimina de un tajo todos los derechos laborales históricos en todo el mundo, y los atemorizados obreros bajan la cabeza frente a los chantajes y las amenazas de despido de sus patrones, denuncia el informe Represión de los derechos sindicales y las libertades económicas en el mundo, elaborado por la CSI. (http://survey.ituc-csi.org)
El estudio cuenta 93 sindicalistas asesinados el año pasado, 76 en el continente americano (49 en Colombia), 13 en Asia, tres en África y uno en Oriente Medio. Además, registra 75 amenazas de muerte, al menos 2.500 arrestos y más de cinco mil sindicalistas despedidos injustamente.
La población lucha por obtener mayores derechos económicos y el respeto de sus derechos sindicales, pero numerosos gobiernos y empresarios privados responden con represión, despidos, violencia, amenazas de muerte y asesinatos, evalúa la secretaria general de la CSI Sharan Burrow.
Según la CSI, los gobiernos no aplican ni hacen cumplir la legislación laboral, no protegen a los trabajadores, permiten la explotación de la mano de obra mayoritariamente femenina en las zonas francas industriales de todo el planeta, y abandonan a su suerte a los trabajadores migrantes.
En Oriente Medio, los gobiernos reprimen a la población que lucha por mejoras salariales y el cumplimiento de sus derechos sindicales. En toda Europa se desmontan paulatinamente antiguos derechos, se eliminan en cadena beneficios sociales y se ejecutan drásticos recortes del gasto público.
Los obreros europeos pagan el enorme déficit público ocasionado por los millonarios rescates de bancos y especuladores en quiebra. Los empleadores y los gobiernos toman represalias contra las confederaciones obreras que protestan por las reducciones salariales y las innumerables violaciones de los derechos laborales.
En Londres, el arzobispo anglicano de Canterbury Rowan Williams llamó la atención sobre el desconcierto y la indignación que provocan entre los británicos las políticas del gobierno conservador de David Cameron, quien “nos comprometió con políticas radicales a largo plazo por las que nadie votó”.
Williams condenó la sistemática destrucción del sistema de bienestar de los británicos, y deploró la embestida contra la enseñanza universitaria pública que afecta sobre todo a los más pobres.
Los países de América Latina ocupan los primeros lugares en el ranking mundial de asesinatos y represión de líderes sindicales, según el Informe anual de la CSI. El secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA) Adan Blackwell ratificó que el continente americano es el más violento del mundo.
En 2009, la región fue escenario de 133.837 homicidios, lo que representa 366 muertes por día, 15 por hora y una cada cuatro minutos. Mientras que la media mundial es de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la media en América es de 14,94 y en algunos países llega a 44, señala el informe Alertamérica, elaborado por el Observatorio Interamericano de Seguridad Ciudadana de la OEA. (http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio.asp)
El documento reúne estudios estadísticos sobre criminalidad y violencia en la región en el período 2000-2010. Identifica como causas de la creciente violencia el tráfico de drogas, el crimen organizado y la “desigualdad” económica y social.
El cartel criminal más peligroso para los trabajadores, campesinos e indígenas de América Latina está integrado por transnacionales, fondos de inversión, terratenientes y otros socios locales del agronegocio internacional.
Dictadura del agronegocio
Los plantadores esclavistas, los agroindustriales y sus socios locales fueron protagonistas en la larga y sórdida historia del colonialismo en América Latina. La United Fruit Company, rebautizada como United Brands y actualmente denominada Chiquita es uno de los engendros destacados del agroimperialismo.
La United Fruit (UF) llegó a poseer más de 263 mil hectáreas de tierra en Honduras en los años 20 del siglo pasado. El humorista O. Henry acuñó el término "república bananera" para referirse precisamente a las actividades de esta empresa en Honduras.
La UF se vio involucrada en una masacre de trabajadores en Colombia en 1928; apoyó el golpe militar contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954; y en 1961 prestó sus barcos a los mercenarios que intentaron derrocar a Fidel Castro en Playa Girón.
En 1972, el emporio frutero rebautizado como United Brands se compró al dictador Oswaldo López Arellano para seguir saqueando a Honduras. Un jurado estadounidense acusó a la transnacional de sobornar a ese gobierno militar títere para que reduzca impuestos a la exportación de frutas.
Chiquita tenía a su servicio un ejército privado de paramilitares, y empleó a Eric Holder, ex fiscal general adjunto en el gobierno de Clinton y co presidente de la campaña de Obama, y también a John Bolton y John Negroponte.
En la actualidad, Chiquita y otras multinacionales, junto a intermediarios comerciales y terratenientes locales, conspiran contra gobiernos democráticos en Sudamérica. Los capitales corporativos son co responsables, directa o indirectamente, de la crisis humanitaria en Colombia, de la masacre campesina de Bagua en Perú, y del golpe en Honduras en 2009.
Derrocaron a Manuel Zelaya empresarios y latifundistas vinculados a la United Fruit y a farmacéuticas, como por ejemplo la familia Canahuati, principal accionista de los diarios El Heraldo y La Prensa, dueña del laboratorio Finlay, de la franquicia de Pepsi y de las cadenas Pizza Hut y Kentucky.
El pulpo agrocorporativo desafió a la presidenta de Argentina Cristina Kirchner, e intentó fraccionar el territorio de Bolivia mediante un frustrado golpe civil, todo con el objetivo de defender lo que la multinacional Syngenta denomina la “República Unida de la Soya”.
Empresarios del agronegocio aparecen como los principales autores de la ola de crímenes desatada en los últimos meses en la Amazonía de Brasil. El secretario general de la Presidencia Gilberto Carvalho reconoció que existe una “lista negra” de más de un centenar de potenciales víctimas de sicarios contratados por empresarios ganaderos y madereros.
El 22 de abril de 2011 fueron asesinados seis ecologistas en la comunidad de Piraquará, municipio de Curitiba. La ola criminal se intensificó el 24 de mayo, luego de que el Parlamento de Brasil aprobó la reforma del Código Forestal.
La reforma forestal constituye “el mayor retroceso de la legislación ambiental brasileña de las últimas décadas”, declaró a IPS el coordinador adjunto del Instituto Socioambiental Raul Silva Telles do Valle, ya que establece una amnistía general para todos los empresarios que incurrieron en delitos contra los bosques.
Si el texto es ratificado por el Senado, y sancionado por Dilma Rousseff, se habilitará el uso de áreas de preservación permanente ya ocupadas con producciones agropecuarias y silvícolas, ecoturismo y turismo rural, siempre que la deforestación se hubiera ejecutado antes del 22 de julio de 2008.
Se declarará una amnistía de multas para los responsables de esa tala en predios de hasta 400 hectáreas. Por lo menos 15 legisladores se beneficiarán porque son hacendados con cuantiosas multas ambientales pendientes, sin contar a los que recibieron financiación electoral de sectores vinculados al agronegocio.
El mismo día de la aprobación de la norma asesinaron a balazos a José Claudio Ribeiro da Silva y a su esposa María do Espírito Santo da Silva, ex líderes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y reconocidos ambientalistas que luchaban contra madereras en la región de Nova Ipixuna, en el estado de Pará. http://www.youtube.com/watch?v=78ViguhyTwQ&feature=player_embedded
Tres días después, el 27 de mayo, mataron al líder del Movimiento Campesino Corumbiara Adelino Ramos en la localidad de Vista Alegre do Abuná, en el estado de Rondonia. Ramos, conocido como Dinho, era uno de los sobrevivientes de la masacre de 12 campesinos en Corumbiará en 1995. El dirigente había denunciado recientemente a explotadores ilegales de madera en los estados de Acre, Amazonas y Rondonia, y pedía la instalación de un campamento para campesinos desplazados, detalló la organización católica Pastoral de la Tierra.
La represión continuó y el 28 de mayo fue hallado el cuerpo acribillado del líder local Eremilton Pereira dos Santos. Los promotores de la represión son los “sectores agrícolas más atrasados que defienden un modelo del siglo XVIII”, afirmó el ecologista de la filial brasileña de Greenpeace Paulo Adario.
Organizaciones humanitarias de Brasil denunciaron ante la Relatoría Especial sobre Autonomía del Poder Judicial de la ONU que ejecutivos del grupo empresarial Norte Energía SA, que construye la represa de Belo Monte, intimidaron al fiscal Felício Pontes Júnior, asignado como veedor de las obras.
El Consejo Indigenista Misionario, la ONG Justicia Global y otras 12 entidades denunciaron que la mega represa, la tercera más grande del mundo, inundará extensos territorios indígenas. La usina Belo Monte también fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, que recomendó suspender su construcción.
Los latifundistas, los empresarios y el propio gobierno brasilero arremeten contra el movimiento indígena y los ecologistas, acusándolos de impedir el “desarrollo” del país.
En Guatemala asesinan a mujeres indefensas
Los hechos de violencia en Guatemala no han cesado desde el 15 de marzo, cuando el gobierno de Alvaro Colom ordenó y ejecutó desalojos de 14 comunidades campesinas asentadas en el Valle del Polochic, a pedido de los empresarios del Ingenio Chabil Utzaj SA.
El 10 de abril mataron con 35 balazos a Oscar Humberto González Vásquez, dirigente de base del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI). El 26 de mayo asesinaron al secretario de Finanzas del SITRABI Idar Joel Hernández Godoy en el Municipio de Los Amates, Izabal.
El 4 de junio asesinaron a María Margarita Che Chub (37) líder de la comunidad de Paraná, municipio de Panzos. También acribillaron a Antonio Beb Ac y a Oscar Reyes de las comunidades Miralvalle y Canlun.
Los crímenes ocurren cuando el SITRABI y la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA) organizan la Conferencia Responsabilidad Social Empresarial y Derechos Laborales de los Trabajadores Bananeros de la Costa Sur de Guatemala para agosto de este año. En esa reunión se pretende instalar una mesa de diálogo con los empresarios que prohíben la organización sindical.
Las organizaciones sociales guatemaltecas responsabilizan de las muertes a la empresa Chabil Utzaj, a la familia Widman y a la oligarquía terrateniente de la región, al Grupo Pellas nicaragüense, y al Banco Centro-Americano de Integración Económica que financia los proyectos agroindustriales.
También acusan al gobierno de Guatemala por permitir la acción impune de fuerzas de seguridad extrajudiciales, que, frente a sus narices, asesinan a mujeres campesinas indefensas.
Honduras vuelve a la OEA a pesar de los crímenes
Activistas de organizaciones populares e indígenas de todo el continente condenaron el retorno de Honduras a la OEA, a pesar de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de terratenientes del Bajo Aguan, con la complicidad del gobierno de Porfirio Lobo.
Honduras fue expulsada de la OEA una semana después del golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, pero fue readmitida en una reunión extraordinaria en Washington. De esta forma la OEA legalizó el golpe de Estado y la consiguiente ola de asesinatos.
Los terratenientes Miguel Facusse, Reinaldo Canales y René Morales, prácticamente dueños del Valle del Aguan, continúan persiguiendo, secuestrando y asesinando a miembros de las organizaciones campesinas de la zona situada en la costa norte de Honduras.
Los guardias privados de los terratenientes atacan asentamientos campesinos con armas de grueso calibre El 11 de mayo asesinaron a Pablo Lemus del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
El 15 de mayo los sicarios de Facusse mataron a Francisco Pascual López delante su hijo de 10 años. El 18 de mayo fue asesinado el campesino Sixto Ramos, y el 21 de mayo desaparecieron los campesinos Olvin Gallegos y Secuindino Gómez.
El 4 de junio, sicarios acompañados de dos patrullas de la policía atacaron con armas de fuego a miembros de la empresa campesina la Trinidad, y al amanecer del 5 de junio hicieron lo mismo con la empresa campesina La San Isidro, que disputa un predio a Miguel Facusse.
Ese mismo día, efectivos militares y sicarios al servicio de grandes productores de palma africana asesinaron a los campesinos José Recinos, Genaro Cuestas y Joel Santamaría en cercanías de Suyapa.
Mientras tanto, la OEA defensora de los “derechos humanos” en el continente, premia al gobierno de Honduras, donde los terratenientes pagan hasta 50 mil lempiras por cada cuatro campesinos muertos y donde han sido asesinados 13 trabajadores de la prensa desde 2010.
Colombia, el más peligroso del mundo
El 7 de junio asesinaron a la dirigente Ana Fabricia Córdoba en la ciudad colombiana de Medellín, departamento de Antioquia. Tiempo antes asesinaron a su pareja y a uno de sus hijos. Sus otros tres hijos fueron amenazados de muerte. El gobierno colombiano decidió sacar del país a toda la familia Córdoba.
“Los encuentro muy afectados desde el punto de vista emocional y anímico, le han matado al papá, a la mamá y a los dos hermanos, y manifestaron el deseo de irse del país", admitió el vicepresidente Angelino Garzón.
Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo, pero la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra lo excluyó de la lista de los 25 países a examinar por la violación de normas internacionales del trabajo y la protección de los derechos humanos.
La Central Unitaria de Trabajadores colombianos (CUT) criticó la posición ambigua de la OIT, que por un lado señala a Colombia como el país más peligroso del mundo, y por otro decide no examinar la constante violación de los derechos laborales en ese país.
Democradura en Chile
El gobierno de Sebastián Piñera en Chile usa la ley antiterrorista de Augusto Pinochet para acallar las luchas de los pueblos originarios, denunció el líder mapuche Héctor Llaitul, condenado a prisión por el solo hecho de denunciar la histórica expoliación de su pueblo por parte de empresariados locales y extranjeros, algunos de ellos vinculados al agronegocio.
"No somos terroristas, no hemos matado a nadie; sólo planteamos la resistencia mapuche frente a la injusticia histórica… Nuestra lucha es por la tierra y la identidad", afirmó el indígena internado en un hospital por desnutrición severa luego de cumplir un ayuno de casi tres meses.
Llaitul y sus compañeros José Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo se declararon en huelga de hambre el 15 de marzo reclamando un proceso justo, luego de ser condenados a penas de entre 20 a 25 años de prisión por el supuesto atentado a un fiscal en 2008.
Los Premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (1992) y Adolfo Pérez Esquivel (1980) solicitaron al Estado chileno la anulación del juicio. También salieron en defensa de los indígenas el brasileño Emir Sader, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el músico Manu Chao y el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein.
Sin embargo, la Corte Suprema de Chile desestimó el pedido de anulación del juicio, aunque redujo las condenas de los indígenas a entre ocho y 14 años de cárcel.
El 9 de junio, los indígenas suspendieron su ayuno de casi 90 días, tras la conformación de una comisión para la defensa de los derechos del pueblo mapuche integrada por la directora del Instituto de Derechos Humanos Lorena Fries; el alto comisionado de Naciones Unidas Américo Incalcaterra; el arzobispo de la provincia de Concepción Fernando Chomalí; y el arzobispo de la pastoral mapuche Fernando Díaz.
El agroimperialismo del siglo XXI
Integran el cartel agroimperialista poderosas agrocorporaciones como Archer Daniels Midland, Bunge y Cragill, ConAgra, Bunge y Dreyfus (que dominan el 90% del comercio mundial de cereales); Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, BASF y Dow (dominan el negocio de los transgénicos y agrotóxicos); bancos y especuladores financieros, también una interminable lista de mega terratenientes.
Desde de 2007/2008, transnacionales, grupos financieros y países ricos acaparan enormes superficies de tierra en África, Asia y América Latina para cultivar alimentos y materia prima para la fabricación de agrocombustibles. Estudios del Banco Mundial revelan que capitalistas extranjeros compraron cerca de 60 millones de hectáreas en África en los últimos tres años, principalmente en Sudán, Etiopía, Mozambique y Tanzania.
La Universidad de Harvard, Vanderbilt y otras casas de estudios superiores norteamericanas también comenzaron a comprar o arrendar enormes extensiones en África, supuestamente para “producir alimentos baratos en beneficio de las poblaciones” locales. Sin embargo, los neo terratenientes estarían expulsando de sus tierras a miles de africanos, y ocasionando graves problemas ambientales y sociales en los países más pobres del mundo, denunció el 9 de junio el Instituto Oakland de California.
El mundo corre “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor agregado y de condiciones de trabajo inaceptables para los agricultores”, alertó el director General de la FAO Jacques Diouf.
En todos los casos, el pulpo agrocorporativo tiene un solo objetivo: lograr a cualquier costo el control absoluto de los recursos genéticos, los mercados alimentarios y las tierras más fértiles del planeta.
El agronegocio capitalista --insustentable en el plano ambiental, ineficiente desde el punto de vista energético e inequitativo en el ámbito social-- se ha convertido en la “estructura criminal que fabrica la masacre cotidiana del hambre en el mundo”, afirma el ex relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación Jean Ziegler.
Analistas y expertos de izquierda y de derecha coinciden en que las agrocorporaciones, los bancos, los fondos de inversión y los piratas financieros que especulan con los alimentos en la Bolsa son los principales responsables de la crisis alimentaria actual.
Fuentes: Prensa Latina, Adital, IPS, Ecoportal, Grain, Counterpunch, Sin Permiso y Bolpress. / La agricultura se desglobaliza, Documento N. 3; Unidad de Promoción Indígena y Campesina del Viceministerio de Tierras (UPIC-Tierra); http://www.vicetierras.gov.bo
No hay comentarios:
Publicar un comentario