El proceso para extraditar a los acusados por la masacre de la UCA es una prueba de fuego para el Estado salvadoreño
Por Fernando de Dios
SAN SALVADOR – Las alertas rojas de INTERPOL para la detención de los 20 militares salvadoreños requeridos por el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco se encuentran en camino hacia El Salvador.
Su viaje hace escala en la central de INTERPOL en Lyon, Francia, desde donde, si son avaladas técnicamente, cruzarán el océano Atlántico hacia la oficina de la agencia internacional en este país.
Una vez lleguen se abrirá todo un proceso legal y policial en el que entrarán en juego varios factores. Será una vez más una prueba de fuego para la institucionalidad de un país que a cada rato alardea de sus progresos en la articulación de su democracia y su Estado de derecho.
En primer lugar, sería la Policía Nacional Civil (PNC) la encargada de ubicar, detener y custodiar a estas personas, siempre bajo la tutela de un juzgado de paz que haga el monitoreo sobre el debido proceso.
Ahí entrará en juego la voluntad y la capacidad de la PNC y el Órgano judicial para realizar los plagios de ex altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador, personas que en algunos casos pudieron ser superiores de los propios agentes.
Por otra parte, el problema será precisamente ubicarles, pues algunos de ellos se sabe que ya no viven en el país y otros es posible que estas alturas, una vez conocida la decisión del juez español de procesarles, ya hayan salido de él.
Pero aun así, en el caso de que se llevara a cabo esa labor de forma totalmente diligente y fueran detenidos, supondría ver a esas personas, rostros de la historia de El Salvador, para algunos una parte muy oscura de la misma, en las bartolinas de la policía, algo de por sí muy simbólico.
Si ese paso se diera, sería entonces el momento en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entraría en juego.
La CSJ es el organismo que ha de decidir, por mayoría en Corte Plena, si esas personas son llevadas ante el tribunal español. Es decir, si son extraditadas para su juzgamiento, en virtud del tratado de extradición existente entre ambos países.
Precedente poco halagüeño
El pasado año, en el marco del mismo proceso, el juez Velasco giró a la CSJ una petición de información sobre las 14 personas que en ese momento estaban siendo investigadas.
Por nueve votos contra seis y una abstención, los magistrados negaron esa información al juez español.
Para no perder la costumbre, los medios ocuparon de portavoz al magistrado de la Sala de lo Penal Ulices del Dios Guzmán, quien detalló que la negativa de información sobre este proceso se fundamentaba en que el hecho ya había sido juzgado en el país, que los acusados están amparados por la Ley de Amnistía y que el propio proceso viola la soberanía de El Salvador.
"Sería un contrasentido que el Estado salvadoreño cooperara con un Estado extranjero para procesar a salvadoreños respecto que ya han sido eximidos de responsabilidad. Sería como someter la soberanía nacional", afirmó entonces Guzmán.
De modo que no hubo tal trasvase de información, aunque el juicio que se llevó a cabo en 1990 por la masacre de la UCA ha sido puesto en cuestión por distintas instancias internacionales, incluido el juez Velasco; aunque entre los juzgados en aquella ocasión no estaban muchos de los hoy requeridos por la justicia española; y aunque entre España y El Salvador existen tratados de cooperación en el área de la justicia.
Tampoco se tuvo en cuenta que la jurisprudencia de la propia CSJ señala que los crímenes de lesa humanidad no están protegidos por la Ley de Amnistía.
Como apunta el coordinador de la Oficina de Procuración de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Henry Fino, “el delito fue de lesa humanidad, lo que implica que puede ser perseguido en cualquier lugar del mundo. Y es ahí donde el Juez Velasco se ha fundamentado. Y tiene dos características, uno de ellas, es universal, y la otra es que no prescribe”.
Sin embargo, esos argumentos no fueron tomados en cuenta entonces, y la magistrada de la CSJ Mirna Perla apunta que la correlación en el seno de la Corte Plena no ha cambiado, por lo que, aunque no lo asegura, sí teme que se producirá una situación parecida a la hora de decidir sobre la extradición de los militares y ex militares.
“Realmente la gente tiene la misma postura. Los que votaron negando la información es a partir de que aquí hay cosa juzgada”, señala.
Por otra parte, según Perla, “lamentablemente” la Corte Plena es la única instancia con competencia para decidir. Por ejemplo, en este caso no cabría un recurso ante la Sala de lo Constitucional, según el criterio de la jurista.
“Otra opción sería que el Órgano Judicial o la Fiscalía optaran mejor por juzgar a los fulanos aquí, y eso ya sería una de las posibilidades para que no se los lleven, que ya legalmente se justifique que no estamos cubriendo criminales. Pero eso lo veo como un dulce sueño. Así como estamos no hay cómo, pero bueno, igual, cualquier milagro puede ocurrir”, aventura Perla.
En opinión del subdirector de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Abraham Ábrego, una vez estudiado el tratado de extradición entre El Salvador y España, no hay razón aparente para negarse a la entrega de los acusados al juzgado español.
Sin embargo, concede que podría haber dos excepciones en la lista de procesados por el juez Velasco, el Coronel Guillermo Benavides y el teniente Rene Yusshy Mendoza, únicos condenados en el juicio de 1990.
Por otra parte, Ábrego apunta a un caso en el que la justicia española se negó a extraditar a un ciudadano de aquella nacionalidad a El Salvador, el caso de Joaquín Albis, acusado en un proceso de licitación para la inspección técnica de vehículos.
“Podría darse el caso que la Corte planteara que no ha habido reciprocidad, que es un principio básico en esto de la extradición”, señala el subdirector de Fespad.
En cualquier caso, el tratado de extradición entre ambos países dice textualmente que “cada Parte Contratante tendrá derecho a denegar la extradición de sus propios nacionales”, lo que en este país está en manos de la Corte Plena de la CSJ.
La mayoría en ese organismo, por boca del más mediático de sus integrantes, reprodujo hace un año las palabras expresadas estos días por dirigentes de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como el ex presidente Alfredo Cristiani.
Estado impune, Estado enfermo
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, decía este miércoles aquello de que “la justicia tarda pero llega” y que es “lamentable” que este caso haya tenido que ser impulsada por un juzgado extranjero.
La también integrante de la Junta Directiva de la Asamblea, Lorena Peña, planteó en declaraciones a ContraPunto el día que se conoció la resolución del juez Velasco el “papel que jugará el Estado”.
“Yo espero que actúen apegados a la Constitución y a nuestras leyes para que todo pueda marchar correctamente”, decía la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en referencia a la CSJ.
Su jefa de bancada legislativa, Norma Guevara, afirmó ese mismo día que “esto demuestra que los caminos de la justicia están abiertos y que si se usan correctamente llegan a un resultado”.
Está por ver que el resultado sea el que la ley y la lógica prevén para este caso, como dicen estas representantes del Primer Órgano del Estado.
El Salvador está en el escaparate internacional por uno de los casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la guerra civil, un caso en el que fueron asesinados no solo ciudadanos españoles, sino figuras prominentes del pensamiento mundial, como el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría.
Hasta ahora, los criminales han sido protegidos por el propio Estado, pero como también dijo Sigfrido Reyes, “cualquier sistema político donde se protege la impunidad, se cultiva la impunidad, es un sistema político enfermo”.
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